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ARGENTINA
05-08-2024

El Gobierno reglament贸 parte de Ley Bases: privatizaciones, empleo p煤blico, Ferrocarril y otros

(Villa Elisa al Dia)

2024-08-05-H:8:05
En esta primera etapa, el Ejecutivo estableci贸 la normativa vinculada al T铆tulo II, que contempla las modificaciones en el sistema de empleo p煤blico, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas p煤blicas.


El Gobierno nacional reglament贸 la primera parte de la legislaci贸n, con el objetivo de avanzar con las reformas que el presidente Javier Milei se propuso llevar a cabo desde el inicio de su gesti贸n. En esta primera etapa, el Ejecutivo estableci贸 la normativa vinculada al T铆tulo II, que contempla las modificaciones en el sistema de empleo p煤blico, cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas p煤blicas.

La reglamentaci贸n se hizo efectiva a trav茅s del decreto 695/2024 publicado esta madrugada en el Bolet铆n Oficial. De esta manera, acelera la implementaci贸n de la normativa, que fue el resultado de un largo proceso en el Congreso, que incluy贸 un primer intento fallido en Diputados durante las sesiones extraordinarias y una 煤ltima ofensiva que se coron贸 despu茅s de una negociaci贸n pol铆tica que encabez贸 Guillermo Francos, ya como jefe de Gabinete.

El decreto incluye la reglamentaci贸n del T铆tulo II, relacionado con la reforma del Estado y los cambios en los procedimientos administrativos, como as铆 tambi茅n los vinculados a la privatizaci贸n de empresas p煤blicas y la flexibilizaci贸n de las condiciones del empleo p煤blico. As铆, se establecieron las precisiones de la implementaci贸n de cerca de 60 art铆culos de la ley.

Privatizaciones
En ese sentido, instrumentaron el esquema previsto para la concesi贸n o venta parcial o total de las siguientes empresas: Energ铆a Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales, Nucleoel茅ctrica Argentina Sociedad An贸nima (NASA) y el Complejo Carbon铆fero, Ferroviario, Portuario y Energ茅tico a cargo de Yacimientos Carbon铆feros R铆o Turbio (YCRT).

De esta manera, se estableci贸 que el ministro o secretario de la Presidencia en cuya jurisdicci贸n se encuentre la empresa o sociedad a privatizar deber谩 elevar al Poder Ejecutivo un informe en el que se precise la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad m谩s adecuada para hacer efectiva la privatizaci贸n. Este documento tendr谩 que incluir los siguientes puntos: el car谩cter total o parcial de la privatizaci贸n propuesta y su fundamento; las alternativas de procedimiento que se estimen adecuadas al caso; la o las modalidades de las enunciadas que se entiendan convenientes para materializar la privatizaci贸n; el procedimiento de selecci贸n que se prevea utilizar y los plazos estimados para cada una de las etapas del procedimiento de privatizaci贸n; y la eventual propuesta para el otorgamiento de las preferencias a las que se refiere el art铆culo 16 de la Ley N潞23.696 y la aplicabilidad, en el caso que corresponda, de un Programa de Propiedad Participada, especificando las clases de sujetos adquirentes y proporci贸n del capital accionario comprendido en el programa. Una copia de este informe ser谩 enviado a la Comisi贸n Bicameral del Congreso.

Una vez que el Ejecutivo otorgue la autorizaci贸n correspondiente, el funcionario podr谩 iniciar los procedimientos tendientes a la privatizaci贸n. Luego de esto, el Gobierno precis贸 los pasos a seguir para convocar a las ofertas del sector privado.

鈥淧revio a la formalizaci贸n de los contratos que surjan de los procedimientos previstos en el presente Cap铆tulo, la Autoridad de Aplicaci贸n deber谩 dar intervenci贸n a la Procuraci贸n del Tesoro de la Naci贸n y a la Sindicatura General de la Naci贸n en las actuaciones correspondientes鈥, aclara la normativa y agrega que en el caso de que la Procuraci贸n realice alguna observaci贸n o sugerencia al contrato deber谩 realizarse un nuevo informe.

Empleo p煤blico

Con respecto a los cambios en la estructura del empleo p煤blico, el Gobierno reglament贸 las bases para poner en marcha un nuevo sistema de ingreso al Estado y avanzar con las desvinculaciones, despidos y reubicaci贸n del personal estatal.

Uno de los principales puntos que establece el decreto es que, de ahora en m谩s, para trabajar en el Estado se deber谩 aprobar una 鈥淓valuaci贸n General de conocimientos y competencias, dise帽ada y reglamentada a tal efecto por la Autoridad de Aplicaci贸n, la que ser谩 an贸nima鈥. La persona ser谩 identificada una vez que sea calificada.

鈥淟a m谩xima autoridad de la jurisdicci贸n u organismo descentralizado al que corresponda el cargo concursado o sujeto a proceso de selecci贸n ser谩 responsable de la verificaci贸n del cumplimiento de los recaudos establecidos en el presente art铆culo, as铆 como de las previsiones pertinentes de las normas sobre 茅tica en el ejercicio de la funci贸n p煤blica鈥, se帽ala y indica: 鈥淓n lo concerniente a las normas sobre 茅tica en el ejercicio de la funci贸n p煤blica y su aplicaci贸n respecto al presente art铆culo, cuando la Unidad de Recursos Humanos del organismo en que tramita el ingreso lo considere pertinente consultar谩 a la Oficina Anticorrupci贸n o el 贸rgano competente, el que deber谩 expedirse dentro de los cinco d铆as de efectuada la consulta鈥.

Sobre este 煤ltimo punto, la reglamentaci贸n de la legislaci贸n sostiene que, cuando la funci贸n a desempe帽ar lo requiera, las personas designadas tendr谩n que presentar una declaraci贸n jurada patrimonial y adjuntar sus antecedentes laborales.

Por otro lado, dejaron en claro que 鈥渘o podr谩 efectuarse ninguna designaci贸n sin la correspondiente acreditaci贸n del certificado de aptitud psicof铆sica鈥. El empleado ser谩 evaluado en su desempe帽o de manera constante y, en el caso de que deba ser promovido, ser谩 sometido nuevamente a una instancia de evaluaci贸n.

Adem谩s, autorizaron las contrataciones ad honorem para la prestaci贸n de servicios de asesoramiento, 鈥渟in percepci贸n de contraprestaci贸n alguna en concepto de retribuci贸n, salvo el derecho a que se le reintegren los gastos efectivamente ocasionados mediante las correspondientes rendiciones de cuentas鈥.

R茅gimen de contrataciones
El r茅gimen de contrataciones comprende la contrataci贸n por tiempo determinado y la designaci贸n en plantas transitorias. Por esto, el personal cumplir谩 exclusivamente actividades de car谩cter transitorio o estacional y los contratos deber谩n especificar las funciones que tendr谩, la equiparaci贸n escalafonaria y el plazo de duraci贸n del trabajo. 鈥淓l personal sujeto al r茅gimen de contrataciones y el incorporado a plantas transitorias, carecen de estabilidad y su contrato puede ser rescindido o la designaci贸n en la planta transitoria cancelada en cualquier momento鈥, fijaron.

Desde su llegada al Poder Ejecutivo, la gesti贸n libertaria puso en marcha un proceso de reorganizaci贸n de la planta del Estado al no renovar cientos de contratos y pasar a disponibilidad a aquellos que integran la planta permanente. Sobre la situaci贸n de las personas afectadas por la reestructuraci贸n, dispusieron la creaci贸n del Registro Nacional de Personal en Situaci贸n de Disponibilidad y establecieron una escala para asignar el per铆odo de disponibilidad del personal alcanzado, que qued贸 conformada de la siguiente manera:

hasta 15 a帽os de antig眉edad: 6 meses;

m谩s de 15 a帽os de antig眉edad y hasta 30 a帽os de antig眉edad: 9 meses;

m谩s de 30 a帽os de antig眉edad: 12 meses.

Las personas que se encuentren en esta situaci贸n percibir谩n en concepto de haber de disponibilidad 鈥渦n importe mensual equivalente a la retribuci贸n asignada a su situaci贸n escalafonaria alcanzada en la progresi贸n vertical y horizontal de la carrera administrativa, con exclusi贸n de todo otro concepto remunerativo o no remunerativo鈥.

Para el c谩lculo de la indemnizaci贸n, 鈥渟e considerar谩n las retribuciones percibidas hasta el momento del pase a disponibilidad y se computar谩n los servicios no simult谩neos prestados en calidad de personal permanente en el 谩mbito de la Administraci贸n P煤blica Nacional hasta el momento en que se hubiera notificado fehacientemente al interesado dicho pase, excluidos aquellos que hayan generado con anterioridad una indemnizaci贸n por aplicaci贸n de medidas de reestructuraci贸n, retiro voluntario, despido o similar, y los que hayan concluido por una causa que no gener贸 derecho a indemnizaci贸n鈥. De igual forma, aquellos que tengan un sumario en curso no podr谩n cobrar la indemnizaci贸n hasta que se cierre el expediente.

La instrumentaci贸n de este cap铆tulo indica que los empleados que se encuentran de licencia por enfermedad, maternidad y/o accidente no podr谩n pasar a disponibilidad. Mientras tanto, aquellos que est茅n pr贸ximos a jubilarse 鈥攄entro del per铆odo m谩ximo de 12 meses鈥 ser谩n reubicados transitoriamente hasta que se resuelva su situaci贸n.

Por otra parte, el Gobierno fij贸 un sistema de puntaje y sanciones para quienes incumplan con sus funciones, por lo que la normativa tambi茅n precisa los motivos de apercibimientos y aplicaci贸n de sanciones. Algunos de los actos que ser谩n tenidos en consideraci贸n para esto son llegadas tarde, incumplimiento del horario fijado, inasistencias, condenas judiciales, entre otras.

Procesos administrativos
Mediante el anexo del decreto, se hacen efectivos una serie de cambios y modificaciones en los procesos administrativos de los organismos del Estado a fin de agilizar los tiempos de la gesti贸n.

鈥淟os tr谩mites en el marco de recursos, reclamos y dem谩s impugnaciones previstas en la Ley de Procedimientos Administrativos y en el presente reglamento son gratuitos, con exclusi贸n de aquellos en los que, por normativa espec铆fica, se exija el pago de una tasa o suma de dinero por el desarrollo y organizaci贸n de esa actividad estatal espec铆fica y concreta鈥, garantiza la normativa.

En este apartado, se establece el nuevo Reglamento de Procedimientos Administrativos, que especifica los procesos de los tr谩mites del Estado, otorg谩ndole a los adolescentes la plena capacidad de intervenir directamente en procedimientos administrativos como parte autorizada. Asimismo, contempla a los medios electr贸nicos como una forma de notificaci贸n formal o como una de las maneras v谩lidas para presentar un escrito.

Sin embargo, con este decreto, el oficialismo solo estableci贸 la reglamentaci贸n de la primera parte de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, por lo que a煤n falta ultimar los detalles para la implementaci贸n de los dem谩s t铆tulos de la legislaci贸n, dentro de los que se encuentra el RIGI 鈥攗no de los principales puntos que m谩s conflictos gener贸 en ambas c谩maras y trab贸 las negociaciones鈥. (Infobae)

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